El ritmo de generación de recursos por parte de la delincuencia organizada se ha aumentado de forma acelerada en México ante la presencia y fortalecimiento de organizaciones criminales como el Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel Jalisco Nueva Generación los cárteles del Pacífico y el Golfo o los Zetas.

Al presentar la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, destacó que el monto estimado generado por las categorías de delitos en las que sí se cuenta con una estimación clara asciende aproximadamente a 1 billón de pesos entre 2016 y 2018, cantidad cercana al 20% del Presupuesto de la Federación planteado para 2021.

“El volumen de recursos ilícitos que hay en el país es muy alto. Los delincuentes disponen de recursos financieros altos y constantes listos a ser objeto de lavado de dinero”, dijo.

Durante el periodo de 2018 y marzo de 2020, la UIF presentó ante la autoridad correspondiente 16 denuncias bajo el rubro delitos de corrupción, además de que se reportan 10,442 millones de pesos incautados de 2016 a 2018.

La UIF ha congelado cuentas por más de 344 millones de dólares a más de 3,627 personas.

“En México, algunas empresas cuentan con ciertas características de mayor riesgo, puesto que incluyen estructuras empresariales que promueven la complejidad y aumentan la dificultad de las autoridades para obtener información precisa sobre el beneficiario final de los recursos, por ejemplo, fideicomisos que pueden ser utilizados para ocultar el control de activos, incluyendo el producto del delito. A lo largo todos los sectores se identifica al beneficiario final solamente en forma limitada”, señaló.

La Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo contempla acciones concretas en un plan de trabajo para el periodo de 2020 a 2024 en materia de prevención, inteligencia, investigación, justicia y supervisión en un esfuerzo en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República y el Servicio de Administración Tributaria.